Tiempo de balances

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Tradicionalmente, los cierres de año calendario nos llevan a realizar balances de lo acontecido, así como a planificar o proyectar lo que ocurrirá en el año entrante.


2017. Año con señales de alerta.

Durante 2017, se consolidó un crecimiento de actividad más importante que el de 2015 y 2016, al tiempo que se redujo la inflación. Sin embargo, cabe destacar que este crecimiento no estuvo acompañado de una concomitante creación de empleo.


En efecto, los indicadores del mercado laboral muestran un deterioro: la tasa de empleo ha estado cayendo en forma permanente, tanto en Montevideo como, especialmente, en el Interior del país. En igual sentido, la tasa de informalidad, que había caído sistemáticamente hasta fines de 2015, se estancó y hasta tuvo un pequeño crecimiento en 2016 y 2017. No se puede dejar de señalar que en todos los informes sobre competitividad, el indicador de eficiencia del mercado de trabajo ubica a Uruguay en una de las peores posiciones del mundo.


El nivel del déficit fiscal sigue siendo preocupante ya que se da pese al incremento de la recaudación luego de tantos años de crecimiento económico y al importante ajuste de ingresos fiscales realizado, tanto por mayores impuestos como por incrementos de tarifas públicas. Por otra parte, el ajuste de gasto de los últimos años se ha hecho en base a reducción de inversiones, tanto en el gobierno como en las empresas públicas, lo cual repercute negativamente en la actividad económica. Recientemente Yehenew Endegnanew (FMI) señalaba que en Uruguay la Inversión pública tiene un multiplicador fiscal positivo y mayor que uno.


En materia de inserción externa, se advierte que no se están acompañando las tendencias internacionales en cuanto a firma de tratados de libre comercio,  y ello disminuye las posibilidades de comercio, inversión, empleo y crecimiento del país.


Por último, los indicadores de calidad de la educación siguen señalando un deterioro y  una mayor desigualdad respecto a  la registrada en los ingresos: los hogares más pobres reciben una educación peor aún que la que cabría estimar dado su nivel de ingresos y ello determina una restricción social y económica importante.


En materia de seguridad social, el año estuvo signado por la discusión en torno al problema de los llamados “cincuentones”, que surge porque el BPS no reconoce los montos realmente aportados por estos trabajadores con anterioridad al año 1996. Ese legítimo reclamo, se fue desvirtuando y se pasó a comparar la situación de esas personas, con las que se jubilarían por el sistema de transición. Adicionalmente, se comenzó a decir que el problema fue generado por las AFAP cuando éstas ni siquiera existían antes de 1996.


Finalmente, con fecha 28 de diciembre de 2017, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 19.590 (entrará en vigencia el 1º de abril de 2018)  que, entre otras cosas, habilita la salida del sistema mixto de algunos trabajadores por considerarse afectados negativamente en el cálculo de su jubilación y pone tope a las comisiones cobradas por las AFAP. También se alcanza a las personas ya jubiladas. La desafiliación es retroactiva a la fecha de incorporación al sistema de AFAP y es irrevocable. 


La solución adoptada en la ley adolece de varios problemas, algunos de ellos permiten inferir que en las decisiones  primaron las razones ideológicas de las autoridades contra el sistema mixto de previsión social:


•    No se atacó el verdadero problema de considerar los aportes reales para el cálculo del tramo de jubilación por BPS, sino que se permite la desafiliación de estos trabajadores y por tanto, la perforación del sistema mixto.
•    Se obliga a los afiliados a optar hoy por un sistema u otro en condiciones de incertidumbre sobre ingresos y rentabilidad futuros, teniendo en cuenta que si la elección se realizara al final de la vida activa se podría decidir con todos los elementos a la vista. 
•    Se les realiza una quita del 10% sobre el cálculo de BPS.
•    Se crea un fideicomiso que tendrá costos para el BPS y por tanto, para la sociedad, por administrar esos fondos, cuando esta administración ya fue paga por el afiliado (recordemos que las AFAP cobran comisión sobre nuevos aportes, pero no sobre los fondos existentes).
•    Tiene un costo fiscal estimado en unos 2.500 millones de USD que pagará toda la sociedad.


En la misma Ley se establece un tope a las comisiones de administración de las AFAP, atándolas a la de menor comisión del sistema. El problema de los cincuentones no tiene ninguna relación con las comisiones de las AFAP. De hecho, esta disposición no formaba parte del proyecto de ley original que fue remitido inicialmente  por el Poder Ejecutivo. El cambio de las reglas de juego que plantea preocupa por las afectaciones que generará en las empresas y en el sistema previsional, al fijar un tope en las comisiones de administración, en un mercado donde la AFAP estatal tiene una comisión menor y un 40% de los afiliados. Mientras que el 60% decide libremente estar en el resto de las AFAP, por el servicio que brindan y fundamentalmente, por la rentabilidad, que es lo que más pesa en el monto acumulado por el afiliado para su futura jubilación.


Tomar como referencia la comisión de la institución de mayor escala es peligroso para las otras, porque puede eliminar la competencia del mercado, poniendo en riesgo la viabilidad del actual sistema previsional y sentando un mal precedente ante los inversores de cualquier actividad.


Esta ley agrava la situación creada por la Ley 19.162 que impuso que  los afiliados de oficio fueran a la AFAP con menor comisión de administración, favoreciendo la concentración en la AFAP de capital estatal que por tener mayor escala, es quien tiene la menor comisión y olvidando que en fondos de largo plazo no sólo importa la comisión sino, fundamentalmente, la rentabilidad.


Fue muy fuerte la campaña de desinformación que se tejió durante todo el episodio de discusión de esta ley. De allí que la Asociación Nacional de AFAP (ANAFAP) emitió una serie de comunicados a la opinión pública, con información transparente y veraz. 


Más allá de este episodio, la realidad señala que el sistema mixto continúa consolidándose: ya cuenta con 21 años de vida, más de 1.380.000 trabajadores afiliados, un ahorro acumulado perteneciente a estos trabajadores de más de 16.000 millones de dólares, equivalente al 27% del PBI del país y un rendimiento de más de 8% anual en términos reales (sobre la inflación), logrado con inversiones rentables y riesgos acotados.


A su vez, UniónCapital AFAP ha mantenido su posición de liderazgo, con el primer lugar en Rentabilidad Bruta  desde el inicio del Sistema Mixto y en Rentabilidad Neta en los últimos cinco años (descontada la comisión de administración, la prima del seguro y la comisión de custodia del BCU), tanto en el Subfondo de Acumulación, como en el Subfondo de Retiro.

Desafíos para 2018


Se prevé que durante 2018 el Producto continúe creciendo y las tasas de inflación sean similares a las de este año. Sin embargo, no es posible soslayar un problema muy importante que tiene Uruguay y que se ha puesto de manifiesto en las recientes discusiones sobre la instalación de UPM: sus condiciones para ser competitivo y tener, por tanto, un crecimiento sustentable, con empleo de calidad.


Pese a que se observa un escenario regional mucho más favorable que el de los últimos años, tanto Argentina como Brasil no tienen economías tan consolidadas como para resistir un eventual cambio en el contexto internacional, con una suba de tasas de interés. Y una repercusión negativa en nuestros dos vecinos, sin duda, podrá tener impacto local.


Esta eventualidad debería encontrar a Uruguay lo más saneado posible en materia fiscal y con una mayor flexibilidad para no sufrir debido a un shock internacional y regional adverso.


Los aspectos que deberíamos corregir tienen que ver con aquellos factores en los que tenemos peor desempeño: resultado fiscal, aplicando una regla fiscal que ajuste el gasto y no las inversiones y permita reducir el peso de los impuestos sobre la economía; relaciones laborales más flexibles y cooperativas; infraestructura, potenciando la inversión a través de la Participación Público Privada; mayor integración comercial con el mundo, a través de la firma de acuerdos bilaterales de comercio; mejor educación a través de una adecuada evaluación, autonomía de los directores y, finalmente, un voucher escolar.


En cuanto a la previsión social, ANAFAP ha señalado ante las autoridades que si bien el sistema está consolidado, es necesario realizar una serie de mejoras tendientes a beneficiar más aún a los afiliados. Las mismas refieren fundamentalmente a la necesidad de medir el desempeño de las AFAP por la Rentabilidad Neta  y utilizar este indicador como ancla para la distribución de los afiliados obligados y como dato obligatorio a brindar al afiliado al momento de realizar un traspaso desde una Administradora a otra; la creación de un tercer Subfondo opcional para los más jóvenes, con posibilidad de invertir en activos de renta variable en el extranjero; facilitar e incorporar incentivos para desarrollar el Ahorro Previsional Voluntario; diversificar la oferta a la hora de la etapa de retiro (y no sólo contar con la renta vitalicia del BSE); continuar con las actividades de educación financiera para niños y jóvenes promovidas por el Banco Central del Uruguay, en las cuales las AFAP tienen una activa participación en los juegos relacionados con el ahorro previsional.


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Ec. María Dolores Benavente Acerca del autor: Gerente General de UniónCapital. Presidente de la Academia Nacional de Economía.

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